MarioFIAD

Promovieron la denuncia el diputado nacional Mario Fiad y los diputados provinciales Alberto Bernis, Pablo Baca, Manuela Cabello, Ana María Jorge, Susana Pantoja y demás legisladores del bloque de la UCR.

La requisitoria ante la Justicia surge de una posible falsificación de firmas y actuaciones administrativas mediante las cuales se estarían pagando servicios que no se prestaron e insumos que no se proveyeron.

En el marco de una conferencia de prensa los referentes radicales anunciaron que existen irregularidades en el pago de servicios y de bienes supuestamente adquiridos por el Ministerio de Salud pero que en realidad no existieron.

Entre otros, un servicio de relevamiento y procesamiento y carga de datos los distintos puestos de salud de la provincia, provisión de equipos inalámbricos, armado de expedientes e insumos de librería e informática.

Según los legisladores, se falsificaron firmas para gestionar, efectuar el pedido de provisión, la solicitud de pago y la autorización de la factura, cuando los servicios y los bienes no existieron y se generaron pagos indebidos.

Como uno de los elementos que demuestran la falsedad de las actuaciones, se señala que quien figura como “proveedor”, está inscripto en el rubro “Servicios De Enseñanza para adultos” y “Servicios no clasificados en otra parte”, con lo que se nota a simple vista que dicha actividad no guarda ninguna relación con la que han motivado las diversas operaciones celebradas con el Estado.

Esto lleva a presumir a los legisladores que las contraprestaciones a cargo de dicho proveedor no fueron efectivamente cumplidas. En efecto, si –como en este caso- se prestan servicios de enseñanza, no puede haberse prestado el servicio de instalación y configuración de equipos inalámbricos, ni puede haberse controlado el armado de expedientes, ni relevado y cargas de datos de los puestos de salud y menos haberse provisto insumos de librería e informática, que son los servicios que se hicieron figurar.

Finalmente los diputados señalaron que presentan la denuncia, instando acción penal, para que se ordene la producción de la prueba y se arbitren los medios necesarios para la pronta sustanciación de la denuncia.-